La Paz, Baja California Sur. En sesión del Congreso de Baja California Sur (BCS), la diputada Arlene Moreno Maciel, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de BCS, con el propósito de garantizar mayor seguridad en los recintos y espectáculos deportivos de la entidad.
La legisladora comentó que el objetivo central de su propuesta es prevenir y erradicar la violencia en los eventos deportivos de Baja California Sur.
“En las actividades deportivas se establecerán las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia en el deporte, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan”, señala la iniciativa que adiciona disposiciones al artículo 156 de la Ley de Cultura Física y Deporte.
Destacó que el deporte es un fenómeno social de enorme relevancia, pues además de promover valores y disciplina, también puede reflejar problemáticas contemporáneas como la discriminación y los actos de violencia que, lamentablemente, han ido en aumento a nivel nacional.
Moreno Maciel enfatizó que los espectáculos deportivos deben ser espacios de convivencia segura para las familias sudcalifornianas, por lo que resulta indispensable actualizar el marco normativo estatal para atender de manera integral esta problemática.
La iniciativa propone fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y los organizadores de eventos deportivos, así como mejorar los protocolos de actuación antes, durante y después de cada espectáculo.
Entre los puntos más relevantes se establece que, en caso de un hecho de violencia generado por una persona o un grupo de personas que, por su número, resulte difícil de controlar, las gradas o áreas afectadas deberán ser desalojadas y el encuentro deportivo suspendido hasta que concluya el desalojo.
Asimismo, propone que la seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores y baños para deportistas, así como en los corredores que los comuniquen, será responsabilidad exclusiva de las asociaciones deportivas que avalen el evento y de los organizadores. Solo a petición expresa de sus dirigentes podrán intervenir las autoridades municipales o estatales.
