Ciudad de México.– Esta semana, el Senador por Baja California Sur, Homero Davis Castro, presentó ante el Pleno del Senado de la República una propuesta para modificar la Ley General de Educación. Su objetivo es que los centros educativos particulares de nivel medio superior y superior con autorización o reconocimiento oficial tengan la obligación de asegurar salarios justos y prestaciones laborales a su personal docente, conforme al artículo 123 constitucional.
La propuesta busca atender una situación ignorada durante años: miles de maestros en instituciones privadas enfrentan condiciones laborales precarias, sin acceso a seguridad social, prestaciones mínimas ni estabilidad en sus contratos. Esta situación afecta la calidad educativa y vulnera los derechos de quienes son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La iniciativa sugiere modificar las fracciones VIII y IX, y agregar una fracción X al artículo 149 de la Ley General de Educación, estableciendo explícitamente la obligación de garantizar condiciones laborales dignas.
Esta acción forma parte de una agenda legislativa orientada a fortalecer el sistema educativo con un enfoque de equidad social, reconociendo que el bienestar de los docentes es clave para asegurar una educación de calidad e inclusiva.
Su implementación beneficiará a todo el país al mejorar la calidad educativa, reducir las disparidades y fortalecer los derechos laborales en el sector privado. En estados como Baja California Sur, donde existen numerosos centros educativos privados, miles de docentes verían mejoradas sus condiciones laborales, impactando positivamente en la educación, el desarrollo profesional de los maestros y el bienestar de sus familias.
Con esta reforma, el Senador Davis Castro impulsa un cambio estructural que busca equilibrar las condiciones entre los docentes de escuelas públicas y privadas, avanzando hacia un sistema educativo más justo y respetuoso de los derechos laborales.
