Los Cabos, Baja California Sur. El abogado Alejandro Rojas comentó que existen criterios aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite aplicar embargos a los ayuntamientos que pierdan un juicio laboral.
Dijo que este problema es grave ya que en la actualidad la mayoría de los municipios se enfrentan a demandas laborales.
‘Sólo se puede explicar por una dirección jurídica fallida o en complicidad en actos graves corrupción. La mayoría de los ayuntamientos tienen problemas, porque llega un presidente municipal y se cree dueño de la administración y corre a los que había nombrado su antecesor a pesar de que ya habían creado derechos de base”, explicó.
Entre estos se encuentran, el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación y el ejercicio abusivo de funciones.
Asimismo, habló sobre el Artículo 221 del Código Penal Federal, el cual afirma que al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de dos años a seis años de prisión.
‘En la administración pública nada es coincidencia. Hay que ver quiénes son los beneficiados y no necesariamente hablo del trabajador, el cual se comprende, tiene sus derechos laborales”, finalizó el abogado.
