La Paz, Baja California Sur. La presión que ejercen los maestros de Baja California Sur (BCS) para que el gobierno estatal les pague el cien por ciento de los quinquenios (300 millones de pesos) ha generado molestia y frustración en la sociedad, pero también ha generado las primeras denuncias ante la Guardia Nacional (GN) derivado del cierre de carreteras federales.
El bloqueo de la carretera federal que conecta a La Paz con el aeropuerto internacional, provocado por los maestros en paro el 29 de abril del año en curso dio pie a una denuncia interpuesta ante las autoridades federales por tal delito.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) interferir o alterar estas vías es considerado un delito que el Código Penal Federal califica como un ataque directo, y las penas por estas conductas pueden ir desde 15 días hasta 30 años de prisión dependiendo de la gravedad.
Después de casi 20 años de existencia de este adeudo, el Gobierno de BCS propuso el pago de este derecho en tres parcialidades (la primera del 50% se cubriría el 1 de mayor de 2024, un 25% se pagaría en enero de 2025 y el resto durante 2026). Sin embargo, los maestros han decidido continuar violando las leyes federales y omitir la negociación.
De acuerdo con algunas amenazas de los maestros, el día de mañana bloquarán la carretera federal que conecta a Todos Santos con el municipio de Los Cabos. Obviamente esta decisión generará afectaciones en el traslado de mercancias, pasajeros, estrés social y un cúmulo de panoramas no cuantificados y escenarios adversos para los maestros, tanto en los social como en lo judicial.
Ante tal situación, será decisión de los maestros realizar este acto ilegal y exponerse a detenciones por parte de las fuerzas federales. Asimismo, será responsabilidad de los usuarios de carreteras reprogramar su viaje, traslado de mercancias y/o forzar a la paciencia mientras dura el bloqueo. Sin embargo, es responsabilidad de la Guardia Nacional mantener el orden, el libre tránsito e inhibir este tipo de delitos.